La transición coincidió con el inicio de una crisis económica internacional desencadenada por una gran subida del precio del petróleo. La economía española sufrió con extrema gravedad la recesión a partir de 1975, cuando a los problemas económicos se sumaron la incertidumbre política y el retraso en adoptar medidas contra la crisis. El alza del precio del petróleo generó un proceso inflacionario, que alcanzó tasas de más del 20% anual. La pérdida de competitividad derivada de la inflación hizo descender las exportaciones y, entre 1973 y 1974, el déficit de la balanza comercial se duplicó, a la vez que la balanza de pagos pasó de un superavit de 500 millones de dólares a un déficit superior a los 3.000 millones. La depreciación de la peseta, que favoreció el mantenimiento de las exportaciones, los ingresos por turismo y la inversión de capital exterior paliaron la gravedad del déficit durante los primeros años.
La crisis energética derivó un una profunda crisis industrial que tuvo dos causas. En primer lugar, el aumento de los costes y de los precios de venta como consecuencia del elevado consumo de energía; y, en segundo lugar, el elevado peso en la industria española de los bienes de consumo, la siderurgia, la construcción naval y el material de transporte, donde la crisis alcanzó proporciones más graves. En consecuencia, el paro aumentó a un ritmo anual muy elevado y alcanzó el 10% en 1979. Paralelamente, la renta anual por habitante creció algo menos del 1% en el conjunto de España, entre 1975 y 1985.
Lucha contra la crisis
En la tarea de construcción de un sistema democrático y para poder hacer frente a los problemas económicos era imprescindible un entendimiento entre el gobierno y las principales fuerzas de la oposición, de la misma manera que en paralelo se iniciaba el consenso constitucional. En este sentido, los principales partidos, firmaron los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), que contenían una serie de acuerdos para la reforma y saneamiento de la economía y un programa de actuación jurídica y política.
En el terreno político, el gobierno se comprometió a una regulación de la vida pública de acuerdo con los principios democráticos (libertad de expresión, reunión y asociación , reformas de Código Penal y del Código de Justicia Militar, nueva política de orden público....), que encontrarían se plasmación en la Constitución.
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