El gobierno consiguió hacer aprobar en las Cortes franquistas dos leyes sobre los derechos de reunión y asociación política. Pero se vio sin apoyo para la reforma del Código Penal que hubiera permitido la legalización de los partidos. Para entonces, sin embargo, el rey ya había decidido prescindir de Arias, con el que las distancias eran cada vez mayores. El 1 de julio de 1976 el jefe del gobierno fue convocado por el rey para pedirle su dimisión, a la que no opuso resistencia.
Los reformistas, ante la incapacidad del gobierno de Arias Navarro, desplazaron del gobierno a los inmovilistas con el visto bueno de la monarquía. Su proyecto de cambio pretendía promover una reforma progresiva del sistema político a partir de la evolución de las leyes y de las instituciones franquistas. Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, maniobró para imponer como sucesor a Adolfo Suárez, un joven político procedente de los sectores reformistas del Movimiento, que aceptó pilotar desde el gobierno la transición a la democracia.
En julio de 1976, pues, fue nombrado presidente de gobierno Adolfo Suárez, un joven político franquista “aperturista y reformista” que inició un proceso de cambio político y abrió un camino legal para el desmantelamiento del franquismo (tras amplios contactos con las fuerzas democráticas de la oposición y un indulto para los presos políticos). Las propias Cortes franquistas aprobaron la Ley para la Reforma Política, que, sometida a Referéndum popular el 15 de diciembre de 1976, fue aprobada mayoritariamente. En los meses siguientes se prepararon las condiciones para la celebración de elecciones generales. Partidos y sindicatos se fueron legalizando (salvo el PCE), los exiliados políticos regresaron, se concedió amnistía a los presos políticos y se convocaron elecciones generales. Todo ello se realizó pacíficamente, aunque no faltaron tensiones.
A la legalización del PCE se oponían radicalmente los inmovilistas y el ejército. Pero los comunistas apuntaron claramente por el proceso democrático y mostraron su fuerte presencia social con la multitudinaria manifestación silenciosa a raíz de los asesinatos de los cinco abogados laboralistas de CC.OO de la calle Atocha (enero 1977), por elementos de la extrema derecha. Finalmente, Suárez decidió su legalización en el mes de abril, hecho que provocó una crisis de gobierno pero garantizó la legitimidad democrática de las elecciones.
Con este cambio se reconocía el principio de soberanía popular y los derechos fundamentales de las personas.
El gobierno buscó el apoyo de los grupos democráticos de la oposición, que acabaron aceptando una reforma pactada, es decir, la consecución de la democracia mediante un compromiso entre todas las fuerzas políticas partidarias de instaurar un régimen democrático en España. En 1977 se legalizaron los partidos políticos y los sindicatos, se suprimió el Movimiento Nacional y se concedieron dos amnistías políticas. Una nueva ley electoral permitió la convocatoria de elecciones libres a Cortes constituyentes, que se celebraron un junio de ese mismo año. El camino a la democracia estaba abierto.
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