LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA.

El 12 de septiembre de 1923 tiene lugar el golpe de Estado realizado por el Capitán General de Cataluña. La causa inmediata del pronunciamiento de Miguel Primo de Rivera hay que buscarla en la falta de iniciativa política para solucionar los problemas del país y poner fin a la inestabilidad. Ante esta situación, Primo de Rivera se pronuncia con sus tropas tras consultar a varios capitanes generales, que se muestran escépticos ante la viabilidad del golpe. El rey, que está veraneando en San Sebastián, manda formar Gobierno a Primo de Rivera el 14 de septiembre, con lo que se convierte en corresponsable de la instauración en España de la dictadura. El pronunciamiento se produce con escasa contestación de los medios económicos, políticos y sociales. El Gobierno de García Prieto dimite por la negativa del rey a castigar a los militares golpistas.

El Directorio militar

Las primeras medidas del dictador se dirigen a establecer un nuevo sistema de poder que permita la adopción de futuras políticas para la regeneración del país. Con este objetivo crea un Directorio militar formado por ocho generales y un contraalmirante que se constituye como órgano asesor de Primo de Rivera El Directorio militar se prolonga entre 1923 y 1925, y acomete una serie de iniciativas sobre los problemas de España.

a) Libertades y sistema de representación

La dictadura supone una restricción general de las libertades políticas y de prensa y la anulación del sistema de representación creado con la Constitución de 1876. Suspende las garantías constitucionales, declara el estado de guerra en todo el territorio, sustituye a los gobernadores civiles por gobernadores militares, disuelve las Diputaciones y suspende en sus funciones a todos los concejales de los Ayuntamientos, disuelve el Congreso y la parte electiva del Senado, crea el somatén, limita la libertad de prensa y establece una censura sobre las publicaciones, clausura el Ateneo y destierra a Miguel de Unamuno, prohíbe todas las manifestaciones del Primero de Mayo.

La política centralista y la reformulación del patriotismo que lleva a cabo el dictador entran en colisión con las aspiraciones de los nacionalistas. El presidente de la Mancomunidad, Alfonso Sala, es destituido y se suprime posteriormente esta institución. Al mismo tiempo se prohíbe la utilización del catalán en público y en las iglesias, lo que origina la contestación de los obispos catalanes. Asimismo, Primo de Rivera cierra el periódico de la LLiga, La Veu de Catalunya, y prohíbe Els Segadors. Durante todo el periodo se reprimieron las manifestaciones culturales y políticas del catalanismo, lo que empujó a muchos regionalistas a apoyar a la República, bajo el liderazgo del hasta entonces minoritario Estat Catalá de Françesc Maciá.

Desde la Dirección General de la Administración, José Calvo Sotelo crea el Estatuto municipal y provincial, en los que se establece una ampliación de competencias de los Ayuntamientos y de las Diputaciones para la gestión de los servicios a la población.

           

Eliminada la actuación de los partidos y suspendidas las Cortes, era necesario crear un instrumento que sirviera a la vez para nutrir de cuadros locales y nacionales a la Dictadura y para apoyar al nuevo régimen. Este será la Unión Patriótica que tiene su origen en los círculos agrarios, surgidos tras el golpe, que se movilizan en abril de 1924, tras una llamada del dictador para la constitución de comités como plataformas políticas de apoyo a nuevo régimen. En julio de 1926 celebra su primera asamblea, en la que se dota de una Jefatura Nacional (Primo de Rivera) y de una Junta Directiva con funciones consultivas. A pesar del gran número de afiliados, no puede ser considerada como un partido de masas democrático, al no tener estructuras internas de participación y de control de la dirección nacional.

El final de la guerra de Marruecos

El problema marroquí representaba uno de los asuntos más espinosos tras el desastre de Annual. Además de la impopularidad del conflicto, el propio ejército estaba dividido entre los abandonistas y los africanistas – partidarios de seguir la lucha -. El propio dictador se había pronunciado desde hacía tiempo en contra de continuar las operaciones en Marruecos.

Pero la liquidación de la guerra se debió, en especial, no tanto a la iniciativa de Primo de Rivera, sino a la del dirigente rifeño Abd el-Krim, que cometió el error táctico de atacar también a los franceses en 1925. Esto propició una contundente actuación militar conjunta hispano-francesa en Alhucemas (algunos lo han calificado como precedente del desembarco aliado en Normandia durante la II G.M.). Este hecho obligó a rendirse a Abd el Krim, y facilitó el final de la guerra en 1927.

Éste fue sin duda el mayor éxito que se apuntó el dictador, ya que satisfizo la demanda generalizada de acabar con la guerra, y elevó al mismo tiempo el prestigio de los militares africanistas.

 

El Directorio civil

El 3 de diciembre de 1925, una vez realizada parte de la tarea con la que se autojustificó el golpe y en medio de una gran popularidad por la marcha de los acontecimientos en Marruecos, Primo de Rivera establece un Directorio civil con la intención de institucionalizar el nuevo régimen, a la vez que acomete iniciativas importantes en el terreno económico y laboral.

Ante la resistencia del monarca a la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva, en 1926, Primo de Rivera impone la celebración de un plebiscito para que el rey a que acepte la citada convocatoria, que tiene lugar en 1928, con la misión de elaborar una legislación para los nuevos tiempos. Componen la Asamblea 400 miembros La principal misión de esta Asamblea es la redacción de una nueva Constitución. Tras un largo año de trabajos, el proyecto que se presentó en 1.929 no satisfizo a nadie. Organizaba un Estado sin soberanía nacional ni división de poderes, con una única Cámara, la mitad de cuyos miembros eran nombrados por la corona y en el que se otorgaba al rey una enorme capacidad legislativa y ejecutiva, hasta el punto que el propio Primo de Rivera se opuso al texto. Al final la Asamblea Nacional, como la Unión Patriótica, resultaron ser un fracaso, pues ni obtuvieron respaldo popular, ni eran una alternativa viable a la Dictadura.

El Directorio civil desarrolla gran parte de su gestión en un periodo de crecimiento de la economía mundial, cuyo efecto más notable es el aumento del comercio exterior. Uno de los rasgos característicos de la etapa es la intervención del Estado en la economía favoreciendo la creación de monopolios, como CAMPSA, lo que provoca enfrentamientos entre el dictador y la compañía norteamericana Shell (anterior suministradora y distribuidora de petróleo), y la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), que en la práctica queda en manos de capital norteamericano (Standard-ITT). Otro mecanismo de intervención lo constituye la otorgación de subvenciones a compañías navieras, como la Trasmediterránea de Juan March, y a compañías mineras del norte del país. El Estado en empeña en realización de obras públicas. Se fundan las Confederaciones Hidrográficas, que multiplican la producción de electricidad y extienden los regadíos, y se financia un Plan de Firmes que desarrolla 7.000 km. de carreteras.

Con cierta preocupación a causa de la Deuda pública (sostenedora de las inversiones) y el déficit del Estado, Calvo Sotelo trata de llevar a cabo una reforma fiscal progresiva, pero fracasa ante la oposición de la oligarquía financiera y terrateniente.

La dictadura de Primo de Rivera pone en marcha una política laboral que consigue el apoyo de una gran parte del socialismo español, una vez desaparecida la figura de Pablo Iglesias, que fallece el 9 de diciembre de 1925. Eduardo Aunós, ministro de Trabajo, crea el Consejo Nacional de Trabajo en 1.924, y desarrolla una legislación de corte paternalista, regulando las condiciones de la emigración estableciendo una dirección general para la misma. A esta acción hay que añadir la aparición del Código de Trabajo en 1.926, que regula los contratos, los tribunales laborales y los accidentes; crea el seguro de maternidad y las ayudas a las familias numerosas, así como la reglamentación del descanso dominical.

Pero su obra cumbre en el plano laboral es la fundación de la Organización Corporativa del Trabajo en 1.926, formada por Comités Paritarios de patronos y trabajadores, con igual número de miembros por ambas partes, que regulan las condiciones salariales y laborales y se someten al arbitraje de la autoridad gubernativa.

El fracaso que para la institucionalización del régimen supone el rechazo a una nueva Constitución acelera la descomposición de la dictadura, que a partir de 1928 sufre el acoso de varios movimientos situados a su izquierda y, sobre todo, a su derecha.

            Algunos de los componentes de los partidos del turno se negaron a colaborar con Primo de Rivera y exigieron a Alfonso XIII el establecimiento de la Constitución y la convocatoria de elecciones. El PSOE y la UGT, tras negarse a participar en la Asamblea Nacional y ante la crisis de la dictadura, modifican su posición con respecto a ella. Desde junio de 1926, estos grupos estaban aglutinados en torno a Alianza Republicana. Forman parte de esta alianza: Manuel Azaña, de Acción Republicana; Marcelino Domingo y su Partido Republicano Catalán, y Alejandro Lerroux y el Partido Republicano Radical. En el programa común se demanda la convocatoria de Cortes constituyentes, una solución al problema de Marruecos, la ordenación federativa del Estado, la supresión de foros y censos, la atención a la enseñanza primaria y un plan mínimo de seguimiento de los problemas del proletariado. Se adhieren a Alianza Republicana intelectuales como Unamuno, Pérez de Ayala y Machado.

Los estudiantes, organizados en la Federación Universitaria Española (FUE), y el claustro de la Universidad de Madrid protagonizan una gran movilización en 1928.  La protesta de estudiantes y profesores no encuentra eco en el Gobierno. En marzo de 1929 se reabre el conflicto con la detención en Madrid del líder estudiantil Antonio María Sbert. La movilización de los estudiantes se extiende a otras universidades, como las de Sevilla, Valencia y Granada, y se radicaliza con la quema de efigies del monarca y del dictador. La protesta se amplia con la intervención en favor de los estudiantes de profesores como Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, Jiménez de Asúa y García Valdecasas. Como única respuesta, el Gobierno cierra la Universidad Central de Madrid.

 Estos factores quebrantan la imagen de un régimen. La Corona, que teme ser arrastrada por la oposición al dictador, acepta la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930, exiliándose en París, donde murió pocas semanas más tarde.

El antiguo alto comisario de Marruecos, general Dámaso Berenguer, es el elegido por el rey Alfonso XIII para conducir la transición desde el régimen dictatorial a la normalidad constitucional de 1876. Los apoyos al nuevo Gobierno son escasos a pesar de que Berenguer establece medidas para diluir el sistema de poder de la dictadura.

Fruto de los contactos entre el viejo republicanismo y los nuevos grupos conservadores que estiman necesaria la caída de la monarquía es el Pacto de San Sebastián, firmado el 17 de agosto de 1930.

Este pacto supone la conjunción de esfuerzos entre grupos que abarcan un amplia espectro político: el conservadurismo republicano de Niceto Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana), el regionalismo gallego protagonizado por la Organización Republicana Gallega Autonomista (ORGA) de Santiago Casares Quiroga, el catalanismo republicano de Estat Catalá y Acció Catalana, el centro-izquierda de Manuel Azaña, el radicalismo de Alejandro Lerroux y el federalismo de Marcelino Domingo. Asisten al encuentro, a titulo personal, los dirigentes del PSOE Fernando de los Ríos e Indalecio Prieto.

En el acuerdo se establece la formación de un comité ejecutivo y la estrategia para el advenimiento de la República, consistente en la insurrección del ejército, la rebelión de Cataluña, que en el futuro debería conseguir el estatuto de autonomía, y la movilización obrera. A partir de entonces tiene lugar una campaña a favor del régimen republicano en la que intervienen intelectuales como Ortega y Gasset, Marañón y Pérez de Ayala, y que alcanza su máxima expresión en el mitin conjunto de los republicanos celebrado en Madrid en septiembre de 1.930.

El comité pasa a denominarse Gobierno provisional de la República. El comité establece el 15 de diciembre como fecha para la insurrección, pero los capitanes Galán y García Hernández se adelantan a la fecha prevista e inician el levantamiento en Jaca el 12 de diciembre. Proclaman la República en la ciudad oscense y se dirigen hacia Huesca, pero las condiciones climáticas adversas, la ausencia de otros insurrectos y la falta de munición determinan la rendición de los dos capitanes, que son juzgados en consejo de guerra sumarísimo y fusilados el domingo 14 de diciembre.

Mientras tanto, en Madrid, el general Mola, director general de Seguridad, ordena la detención del Gobierno provisional y de miembros destacados del republicanismo y del socialismo, entre los que se encuentran Maura, Alcalá Zamora, Largo Caballero y Fernando de los Ríos. El movimiento previsto para el día 15 se convierte en un fracaso en Madrid al no movilizarse las organizaciones obreras y no entrar en la acción los militares comprometidos, salvo el general Queipo de Llano y las unidades de aviación de Ramón Franco y Baltasar Hidalgo de Cisneros sublevados en Cuatro Vientos, que, viéndose aislados y hostigados por las tropas de Orgaz, deciden exiliarse en Portugal.

Con la proclamación del estado de guerra, la censura previa y parte del comité revolucionario detenido, el movimiento se extingue en el resto del Estado, que ha respondido parcialmente con la convocatoria de huelgas generales en numerosas ciudades.

El Gobierno de Berenguer, cada día con menos fuerza y falto de apoyos, no consigue concertar con la oposición el modelo de elecciones. El 14 de enero de 1931, Alfonso XIII acepta la dimisión de Berenguer y abre paso al último Gobierno de la monarquía, que, tras varias ofertas a Santiago Alba, recae en el almirante Aznar. Las elecciones, definidas finalmente como municipales, se convocan para el 12 de abril. En las capitales de provincia triunfan las candidaturas republicanas, mientras que en el resto del país la mayoría de concejales son monárquicos. Pero el triunfo republicano en las ciudades es interpretado como el apoyo a la República por parte de los sectores más dinámicos de la sociedad y donde el sufragio es más abierto u limpio.

El día 13 se produce el contacto entre los representantes del último Gobierno alfonsino y los miembros del Gobierno provisional. El monarca intenta mantener la Corona. Finalmente, y después de que el director de la Guardia Civil, el general Sanjurjo, apoye a las nuevas autoridades, el rey decide salir de España desde el puerto de Cartagena. En todas las capitales de provincia, las multitudes aclaman el nuevo régimen. Eibar es la primera ciudad donde se proclama la República; en Cataluña, Maciá declara la República catalana. En la Puerta del Sol de Madrid, los guardias civiles rinden armas ante la entrada de Maura, Alcalá Zamora y Azaña, que, como Gobierno provisional, proclaman la II República española en la tarde del 14 de abril.