Consolidación del régimen franquista.

La segunda etapa del régimen de Franco se abre prácticamente en los años sesenta, una década extraordinaria para la sociedad española, que dio el salto fundamental hasta convertirse en una sociedad industrial. Pero esta afirmación no equivale, en modo alguno, a identificar el progreso experimentado con la naturaleza misma y la excelencia del régimen.

Cabría decir, más bien, lo contrario: que la década de los sesenta resulta excepcional en la historia española “a pesar” del régimen. Precisamente fue el inmenso cambio social, económico y cultural español de esos años el que sirvió de base a una crisis irreversible que poco después afectaría al sistema político español del franquismo. La transformación de la sociedad española en los años sesenta obedece a la confluencia de múltiples factores históricos, internos y, sobre todo, externos, de los que hay que destacar el influjo determinante de la ola de prosperidad que, en esa década, afectó a todo el Occidente industrial desarrollado y que España aprovechó.

El final de los años cincuenta fue definitivo para el cambio en la política del régimen en casi todos los aspectos. La economía de la autarquía y el casi monolitismo político de inspiración fascista se fueron agotando en los años cincuenta. La situación de la economía empeoró abriendo el camino hacia un importante cambio que dio paso a la época de la tecnocracia y del desarrollismo, ambos con una dosis mucho mayor de pragmatismo.

La era de la tecnocracia

El cambio de gabinete de 1.957, al que siguió la puesta en marcha de un “Plan de estabilización” en la economía, inauguró el gobierno de los tecnócratas. La tecnocracia fue una forma de entender la política que daba mucha más importancia al progreso económico y a la mejora de la administración, que al mantenimiento de determinados principios políticos. Los tecnócratas no eran ideólogos sino técnicos que nunca discutirían los contenidos más represivos y antidemocráticos del régimen.

Desde 1.957 hasta el comienzo de los años setenta, los ministerios clave en la economía se entregaron a hombres procedentes, por lo general, del Opus Dei, una asociación religiosa muy influyente en la España de los años 60. Su objetivo fue liberalizar la economía española, integrar a España en el mercado capitalista occidental y justificar el régimen “por sus obras”, por sus resultados económicos. En esa euforia tecnocrática, se celebraron en 1.962, con gran aparato propagandístico, los Veinticinco Años de Paz.

En los gobiernos formados entre 1.957 y 1.974, se produjeron importantes novedades en la estructura y el reparto de poder entre las familias del régimen. Una nueva orientación católica, que se apartaba de la ortodoxia totalitaria falangista, pasó a controlar sectores como la educación, la información, la justicia. Los ministros pertenecientes al Opus Dei fueron aumentando su número hasta que en 1.969 se habla ya, por vez primera, de un “gobierno monocolor” por el predominio de los ministros pertenecientes a esta institución. En 1.962 se creó la figura del Vicepresidente del Gobierno, cargo que ocupó desde 1.967 el almirante Luis Carrero Blanco, quien se convirtió en el indiscutible hombre fuerte del régimen. Junto a él se colocó otro hombre clave perteneciente al Opus Dei, Laureano López Rodó. En 1.970, el cargo de Vicepresidente se convirtió en el de Presidente del Gobierno.

La consolidación del régimen

El régimen franquista intenta cerrar su estructura legal a través de una serie de leyes que intentaron perpetuar el régimen, a la vez que modernizar la estructura política mediante una apertura sin cambios democráticos que asegurasen su continuidad. Se intentaba que el bienestar social modernizase la imagen de la dictadura sin variar su carácter profundamente antidemocrático. La prosperidad como sustituto de la democracia.

Las leyes más importantes fueron:

• La Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional (1958), que recogiendo los antiguos valores doctrinales del régimen, intenta definir unos cauces de participación de los españoles a y través del municipio, la familia y le sindicato, en lo que se denominó la “democracia orgánica”. Para ello se abandona toda referencia a la Falange por las incómodas resonancias fascistas que suponía en las relaciones bilaterales con los EE UU.
• La Ley Orgánica del Estado (1967). La estructuración del Estado español nacido de la Guerra Civil fue un proceso muy lento. Desde la primera de las Leyes Fundamentales, el Fuero del Trabajo, publicada en 1938, hasta la Ley Orgánica del Estado, de 1967, transcurrieron casi treinta años. Aun así, no puede decirse que la dictadura de Franco tuviese carácter invariable. Las mismas Leyes Fundamentales no permanecieron inalterables, pues muchas de ellas fueron reformadas y refundidas por las promulgadas después.
• La Ley Orgánica del Estado pretendió ser una culminación y recapitulación de todas las Leyes Fundamentales anteriores. El régimen habló entonces de que ésta representaba la definitiva Constitución española. Sin embargo, esa ley no provenía de la deliberación de ninguna asamblea democrática. Por el contrario, se trataba de disposiciones dadas por el propio Jefe del Estado, aprobadas por unas Cortes no democráticas, con lo cual no tenían ninguna legitimidad para crear un verdadero Estado de Derecho. La Ley fue sometida a un referéndum nacional al que el régimen dio mucha importancia y fue aprobada por el 85,5% del censo electoral que equivalía al 95,86% de los votantes efectivos.
• La Ley de 1.969 estableció el mecanismo de la sucesión de Franco a favor de Don Juan Carlos. La Ley fue aprobada por las Cortes con una aplastante mayoría de los votos y el Príncipe prestó su juramento de fidelidad a los Principios del Movimiento, recibiendo el título de Príncipe de España. No se trataría de un regreso a la anterior Monarquía sino de la “instauración” de una nueva, aunque con la misma dinastía de Borbón. El Movimiento Nacional sería sucedido “por el Movimiento mismo”, como decía la propaganda, con un rey a la cabeza.