La situación política y la oposición al régimen

Para quienes pensaban que con la liberalización económica se abriría el camino a la apertura política, el desengaño sobrevino rápidamente. Franco no dio el menor síntoma de querer variar el férreo control político y la restricción total de las libertades. De hecho, la Ley de Principios del Movimiento de 1958 significaba una afirmación de los valores del 18 de julio y un claro rechazo a toda actividad sindical o política. La entrada en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, unidas a la visita del presidente Eisenhower a España, a finales de 1959, sirvieron para generar euforia y reforzar la imagen de Franco.

Sin embargo, desde finales de los cincuenta comenzaron a aparecer de nuevo síntomas de agitación. En primer lugar, se inició un proceso de distanciamiento de la Iglesia respecto al régimen. Muchos sectores de la jerarquía comenzaban a denunciar la situación de los trabajadores y a insistir más en la labor de apostolado social y ayuda a los necesitados, que en reforzar los viejos valores del nacional-catolicismo. El primado Pla y Deniel respondió con virulencia defendiendo el derecho de la Iglesia a organizar sus propias asociaciones, cuando desde el gobierno se acuso a las asociaciones católicas de base de "infiltración marxista" por defender a determinados colectivos obreros. El ascenso al papado de Juan XXIII y su inesperada renovación de la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, produjo una grave quiebra entre el régimen y la Iglesia, que iría agrandándose hasta llegar casi a la ruptura desde 1970.

En segundo lugar, comenzaron a resurgir las tensiones nacionalistas. En 1959 un grupo de jóvenes miembros del PNV se escinde del partido y funda ETA Euskadi Ta Askatasuna (Patria y Libertad), que rápidamente optará por la lucha armada como táctica para lograr la liberación nacional vasca. Un año más tarde, en 1960, 339 curas vascos firmaron una carta protestando por la represión y exigiendo libertades públicas. Ese mismo año son detenidos algunos catalanistas, entre ellos Jordi Pujol, acusado de distribuir panfletos antifranquistas en catalán.

Un tercer frente eran los conflictos laborales. Desde la primavera de 1961 se multiplicaron las huelgas, concentradas sobre todo en los sectores punta del crecimiento industrial: la minería, la siderometalurgia y la construcción. El proceso fue en progresivo aumento a lo largo de toda la década, y si inicialmente primaron en ellas los motivos salariales y laborales, poco a poco irán predominando las motivaciones de solidaridad y denuncia de falta de libertades sindicales y políticas. El ministro de Trabajo, José Solís, permitió un cierto margen de negociación colectiva directa y la libre elección de jurados de empresa y enlaces sindicales. Esta posibilidad fue aprovechada, a partir de 1963, por los miembros de las Comisiones Obreras (CC.OO.), sindicato clandestino de predominio comunista que al acabar la década estaba completamente infiltrado en los sindicatos verticales. Mientras, los partidos reconstruían poco a poco sus redes clandestinas en los medios universitarios y obreros, si bien la represión hacía caer una y otra vez detenidos a sus dirigentes.

La tensión fue en aumento a lo largo de 1962. Semanas después de que España pidiera entablar negociaciones de adhesión a la CEE, 118 españoles se reunían en Munich, en el marco del IV Congreso del Movimiento Europeo, y aprobaban una declaración recomendando la no admisión de España en tanto no se restauraran las libertades. Eran dirigentes liberales, monárquicos y demócrata-cristianos, pero el gobierno respondió con enorme dureza: la suspensión del artículo 14 del Fuero de los Españoles fue seguida del confinamiento de varios de los participantes en el encuentro, como Satrústegui, Álvarez de Miranda o Iñigo Cavero. El contubernio de Munich fue descalificado por la prensa de forma virulenta, al tiempo que se multiplicaban las detenciones de dirigentes de la oposición de todo signo. El proceso llegó a su cénit con la detención, tortura, juicio y ejecución del dirigente comunista Julián Grimau en abril de 1963, en medio del escándalo internacional. Dos años después, los catedráticos Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren y Agustín García Calvo eran expulsados de sus cátedras a raíz de nuevos incidentes en la Universidad.

En los años 60 se recompuso el panorama de la oposición al franquismo, a través de la renovada actividad de los viejos partidos políticos, el PCE, el PSOE, o por medio de la aparición de nuevos grupos a la izquierda y la derecha, desde la socialdemocracia hasta el liberalismo monárquico.

El Partido Comunista de España (PCE), dirigido por Santiago Carrillo, era el de mayor implantación social pues propugnaba la penetración en las organizaciones de masas (CC.OO, asociaciones de estudiantes, movimientos vecinales...). El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el Congreso de Suresnes (Francia) de 1974, renovó su actuación y eligió una nueva dirección compuesta por líderes como Felipe González, jóvenes que vivían en España conocían la realidad, frente a los viejos líderes del exilio, muy alejados de la realidad española del momento. En la extrema izquierda surgieron partidos como el PCE-ML, PCI, y grupos terroristas como FRAP y GRAPO. Los partidos nacionalistas históricos, como Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), se revitalizaron. En 1974 nació Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), un partido de centro dirigido por Jordi Puyol.

El régimen persiguió toda oposición pero no pudo impedir su desarrollo clandestino. Hasta entonces, la dirección de los grupos clásicos de oposición al régimen, socialistas, comunistas, republicanos, etc., había estado siempre en el exilio. Desde entonces, la oposición que vivía dentro de España empezó a reclamar la dirección de estos grupos.

Junto a los partidos clásicos aparecieron grupos nuevos. Los monárquicos liberales fundaron grupos políticos, como Unión Española, desde 1.959. Los grupos socialistas y socialdemócratas del interior se multiplicaron y tuvo importancia el que fundó el profesor Tierno Galván, el PSI. Otro de los grupos de crecimiento rápido fue el de los demócratas cristianos, dirigidos por Gil Robles y Joaquín Ruiz Jiménez.

Mientras, el régimen intentaba mejorar su imagen y demostrar un talante aperturista. En 1962 entraban en el gobierno nuevos ministros jóvenes, como Manuel Fraga, Laureano López Rodó o Gregorio López Bravo, este último también ligado al Opus Dei. De ese gobierno fueron el primer Plan de Desarrollo, la ley de Bases de la Seguridad Social, el programa de construcción de centros escolares y, sobre todo, en 1966, la ley de Prensa de Fraga Iribarne, aireada como un definitivo levantamiento de la censura en la prensa diaria, pero que en la práctica continuó funcionando bajo vigilancia. Eso sí, libros, teatros y cines experimentaron un clima de mayor libertad.

En la segunda mitad de la década, el proceso de institucionalización se culminó. La Ley Orgánica del Estado, pendiente desde el fin de la guerra, terminó por regularizar definitivamente la dictadura. Fue aprobada por un referéndum nacional a finales de 1966, convertido en auténtico plebiscito a favor de la "paz de Franco". Tres años después, se produjo el nombramiento del príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco "a título de Rey". Para los dirigentes franquistas, la continuidad del régimen parecía asegurada.

Mientras, la oposición crecía en fábricas y Universidades. La agitación era especialmente importante en el País Vasco, donde las acciones de ETA eran respondidas con la represión policial, generando alrededor de la banda armada un apoyo popular que fue radicalizando el clima hasta hacerlo explosivo. El asesinato en San Sebastián, en 1968, del jefe de la Brigada Social Melitón Manzanas, fue respondido con el restablecimiento de la jurisdicción militar para cualquier delito de contenido político o social. Ese mismo año fue cerrada la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, y al año siguiente la Universidad de Barcelona. También en 1969, en enero, el estudiante Enrique Ruano moría tras ser detenido por la policía, en circunstancias más que sospechosas. La década termina, en medio de la creciente agitación, con el llamado proceso de Burgos, en diciembre de 1970, contra 16 miembros de ETA, 9 de los cuales son condenados a muerte. Las protestas en las calles; el secuestro por ETA del cónsul alemán en Bilbao, con la amenaza de matarle si se ejecutaban las condenas, y la presión internacional hicieron, finalmente, claudicar a Franco, que conmutó las penas por las de cadena perpetua.