El 12 de junio de 1985 se firmó en Madrid el Tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas, que entró en vigor el 1 de enero del año siguiente. La tardía incorporación de nuestro país a la actual UE se explica, en primer lugar, por la situación de aislamiento internacional que padeció en los años cincuenta. En 1962, tras la apertura económica del régimen franquista, España solicitó la asociación con la CEE, pero hasta 1970 no se firmó el Acuerdo Comercial Preferencial. La restauración de la democracia en nuestro país abrió una nueva etapa en las negociaciones, pero la adhesión de España aún se prolongó casi una década debido a las posiciones, a veces encontradas, en temas agrarios y pesqueros, fundamentalmente.
La plena integración de España, pues, en la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) era una de los objetivos prioritarios en la etapa del gobierno del Partido Socialista. Para poder hacerla efectiva, España tuvo que acometer con éxito un amplio proceso de adecuación a la normativa comunitaria. El 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a la CEE con el consenso de todos los partidos. Con su incorporación el 1 de enero de 1986 se había alcanzado uno de los grandes hitos pendientes de la historia española más reciente (era presidente del gobierno: Felipe González; ministro de Asuntos Exteriores: Fernando Morán y desde el primer momento llevó los asuntos de España en la CEE, Manuel Marín).
La adecuación de nuestra economía a los criterios comunitarios exigió sustanciales transformaciones. En primer lugar, en la década de 1980, se realizó una importante reconversión industrial para hacer frente a una situación de libre competencia con países, en su mayoría, con economías más potentes. Así, una serie de poderosos sectores industriales (naval, siderúrgico, textil, etc.) tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones del mercado internacional.
La reconversión tuvo como consecuencia mejoras en la gestión, inversiones en tecnología y aumento de la cualificación profesional de los trabajadores. Ahora bien, también significó la concentración de empresas, el cierre de las no competitivas y, en general, el descenso del empleo y el aumento de la cifra de parados, que llegó a superar el 20%.
Para hacer competitiva la economía era imprescindible el descenso de la inflación y la disminución del déficit público. Para ello se tomaron diversas medidas entre las cuales las más importantes fueron la limitación del crecimiento de los salarios y el control del gasto público
Nacimiento del euro
El Tratado de Maastricht de 1991, estableció la creación de una moneda única, el euro, para todos los países de la UE que cumplieran unas determinadas condiciones económicas (déficit público por debajo de un máximo, control de la inflación...). El gobierno español estableció un plan para cumplir estas condiciones y entrar en la unión monetaria con el primer grupo de países que establecieran la moneda única. Para ello se llevó a cabo una enorme operación de privatización de empresas públicas, que permitió recaudar lo suficiente para equilibrar el déficit de las cuentas del Estado (en esta etapa el gobierno correspondía el Partido Popular). Desde el 1 de enero de 2002, el euro sustituye a la peseta y desde el 1de marzo, la peseta dejó de circular, convirtiéndose el euro en la moneda única de los países de la Unión Europea, a excepción en ese momento, de Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia.
España en la Unión Europea
La participación de España en la Unión Europea ha representado un gran hito en la proyección internacional de nuestro país. La integración económica, tras un primer periodo de dificultades de adaptación, paliadas por el efecto de los Fondos de Cohesión, ha significado un gran impulso al crecimiento económico de España, que en los últimos veinte años ha conseguido colocarse entre los países más avanzados. España también se ha convertido en el punto principal de referencia para la proyección comunitaria hacia América Latina.
En la actualidad, puede afirmarse que España es uno de los países con mayor peso en el seno de la UE. Se la considera el “pequeño” entre los denominados grandes países, por eso su peso en la Comisión y el Parlamento europeos es relativamente importante. Además, se encuentra en los países incluidos, como ya se ha dicho, en la denominada zona euro.
Las políticas comunitarias
Para coordinar las políticas de los Estados miembros, la UE ha diseñado una serie de políticas comunes. Entre ellas destacan la Política Agraria Común, la Política Pesquera Común, la Política de Transportes, la Política de Medio Ambiente, la Política Social Común y la Política Regional.
Políticas económicas
La política sectorial más importante de la UE es la Política Agraria Común (PAC); representa aproximadamente la mitad del presupuesto comunitario. Su objetivo prioritario es la modernización del sector agrario para hacerlo competitivo, con el fin de asegurar el abastecimiento del mercado y proporcionar unas rentas dignas a los agricultores y unos precios asequibles a los consumidores. Para ello contempla una serie de medidas (intervención en las estructuras agrarias y el desarrollo rural, fijación de precios agrarios, establecimiento de cuotas de producción de determinados productos, etc.).
Para llevar a cabo estas medidas existen diversos organismos, entre ellos, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), que se encarga de canalizar las subvenciones y también de garantizar los ingresos de los agricultores mediante la compra del producto cuando caen los precios y mediante la venta cuando suben.
La reforma de la PAC, adoptada en el marco de la denominada Agenda 2000, ha significado fundamentalmente una reducción de los precios de apoyo al mercado, el incremento de las ayudas directas a los agricultores y la integración de los aspectos medioambientales en la política agraria.
La Política Pesquera Común (PPC) tiene como objetivo esencial gestionar racionalmente los recursos pesqueros, estableciendo cuotas anuales de pesca por países y vigilando su cumplimiento para evitar la reducción de especies y densidades; se utilizan asimismo mecanismos de control de los precios al estilo de la PAC. También se negocian acuerdos pesqueros con terceros países.
La Política de Transportes es muy importante porque constituye la base para los intercambios y para la articulación del denominado Espacio Económico Europeo (EEE); por eso es necesario establecer unas reglas comunes para garantizar la libertad de circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. En las últimas décadas, se han hecho grandes progresos en la armonización de los transportes terrestres, marítimos y aéreos.
Otras políticas
La Política de Medio Ambiente tiene como objetivo primordial la conservación del medio ambiente. Para ello se han puesto en práctica una serie de medidas, como la inversión en nuevas fuentes de energía, una gestión adecuada de los recursos, etc. Uno de los organismos encargados de la política ambiental es la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
La Política Social Común (PSC) pretende reducir las disparidades sociales entre las regiones y ciudadanos europeos. Esta política, en gran medida imbricada con la regional, tiene varios objetivos prioritarios, encaminados a reducir el desempleo de larga duración mediante la inserción profesional (Objetivo 3) y la adaptación de los trabajadores a los cambios industriales ( Objetivo 4). Tras la ampliación de 1995 se añadió un nuevo objetivo ( Objetivo 6) para el desarrollo de regiones muy poco pobladas. Esta política se financia a través, sobre todo, del Fondo Social Europeo (FSE).
La Política Regional ha sido objetivo de preocupación en la UE desde 1975, año en que se creó el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Pero no tuvo trascendencia hasta la puesta en marcha de la reforma de los Fondos Estructurales en 1988, con la declaración de los cinco objetivos prioritarios. Entre estos cabe destacar el Objetivo 1, el Objetivo 2 y el Objetivo 5b.
1- El Objetivo 1 promueve el desarrollo y ajuste estructural de las regiones atrasadas, definidas como aquéllas que cuentan con menos de un 75% de la renta media comunitaria. Este objetivo beneficia actualmente a Grecia, Portugal, Irlanda y a casi toda España y consume el 70% de los Fondos Estructurales (en unos años esta situación cambiará con la Europa de los veinticinco).
2- El Objetivo 2 impulsa la reconversión de regiones industriales en declive.
3- El Objetivo 5b se orienta al desarrollo de las áreas rurales de regiones industriales, pero tiene también un gran contenido regional.
La declaración de estos objetivos se acompañó de la reforma de los denominados Fondos Estructurales, cuya duplicación ha permitido financiar programas de desarrollo regional en mucha mayor medida que precedentemente.
Por último, cabe señalar que en 1993 se aprobó el Fondo de Cohesión, destinado a promover la convergencia económica y monetaria de los países más atrasados. Los receptores de estos fondos han sido, sobre todo, España, Portugal, Irlanda y Grecia. (Igualmente estos países bajarán la cuantía recibida al incorporarse los nuevos países miembros de la Europa del Este)
El papel de España en el contexto internacional
En las últimas décadas, nuestro país ha desempeñado un papel relativamente más importante a escala europea y también en el escenario internacional. Además del crecimiento económico y de su incorporación a la UE, otro factor que explica este hecho es el idioma. Hay que tener en cuenta que aproximadamente 450 millones de personas en el mundo hablan castellano.
El papel de España en otras organizaciones y foros.
El proceso de ingreso de España en la OTAN, se había iniciado durante la presidencia de Calvo Sotelo, fue ratificado por el gobierno de Felipe González . El resultado del referéndum prometido por los socialistas (marzo de 1986) fue favorable a la adhesión total de España en la OTAN (con un 52,5% de los votos), bajo las condiciones propugnadas por el gobierno socialista
España forma parte de otras muchas organizaciones y foros internacionales y regionales.
Por lo que se refiere a las organizaciones internacionales, nuestro país es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuyos objetivos son el mantenimiento de la paz, la defensa de los derechos de la persona, la libre determinación de los pueblos y el fomento de la cooperación entre estos. Así se explica, por ejemplo, la participación de los “cascos azules” españoles en misiones de paz llevadas a cabo por esta organización en todo el mundo, por ejemplo en los Balcanes, y también se presencia en conferencias internacionales sobre diversos temas: población, desarrollo, medio ambiente, etc.; por ejemplo, España ha participado en la Cumbre del Clima celebrada en la Haya en noviembre del año 2000 y en diciembre del año 2005 en Montreal y posteriormente en Japón.
Como es lógico, España es también miembro de muchos de los organismos especializados que forman lo que se llama el sistema de Naciones Unidas, tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), etc.
Por otra parte, nuestro país participa en una serie de organizaciones económicas mundiales. Así, por ejemplo, España se incorporó en 1996 a la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyo fin es fijar las reglas del comercio internacional y resolver los problemas en esta materia, y que está en vigor desde el 1 de enero de 1995, fecha en que sustituyó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). España es miembro también de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), formada por 29 de los países más desarrollados.
En otro orden de cosas, cabe destacar que España desempeña un papel determinante en la Cumbre Iberoamericana, foro nacido en 1990 como mecanismo de integración y colaboración de los países que forman la comunidad hispanohablante y en el que también participan Portugal y Brasil. La privilegiada posición de nuestro país le convierte en cabeza de puente para el desarrollo del hecho iberoamericano en Europa, especialmente en la Unión Europea, un mercado ambicionado por los países iberoamericanos.
Por otra parte, es evidente que en los últimos años y, a pesar de la aparición de problemas cíclicos que enturbian las relaciones bilaterales entre ambos países, España ha asumido un papel protagonista en las relaciones con Cuba, al convertirse en el mayor inversor y socio comercial europeo de la isla, además de perfilarse como el principal interlocutor entre la isla y la UE.
La cooperación al desarrollo hacia América Latina es un elemento clave de la política exterior española. Para profundizar los vínculos políticos y avanzar hacia una comunidad de naciones se han desarrollado las llamadas Cumbres Iberoamericanas, la primera de las cuales tuvo lugar en México en 1991.
España también ha continuado su tradicional proyección mediterránea y ha fomentado la celebración de conferencias para impulsar la cooperación entre países de ambos lados de ese mar. La primera Conferencia del Mediterráneo se celebró en 1995 y en el año 2008, Barcelona fue nombrada sede del secretariado de la Unión por el Mediterráneo.
Finalmente España ha sido aceptada a las últimas reuniones del G-7 (2008-09).
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