En el verano de 1977, el gobierno de UCD decidió abordar la crisis económica. Era necesario iniciar algunas reformas mediante el consenso de todas las fuerzas políticas y con el acuerdo de la patronal y los sindicatos. A tal efecto, todos los partidos políticos con representación parlamentaria firmaron los Pactos de la Moncloa.
Los Pactos establecían las bases para la modernización de la economía española, mediante el aumento de la inversión pública y una reforma fiscal que permitiera aumentar los ingresos del Estado.
Se acordó, asimismo, aumentar la aportación del Estado a la Seguridad Social para hacer frente al aumento de los gastos sociales (desempleo, pensiones, sanidad, jubilación). Por último, se planteó como prioritaria la reducción de la inflación (situada, en 1977, en el 26%) mediante limitaciones al crecimiento de los salarios y de los precios. También se procedió a una reforma tributaria para acometer la modernización de la estructura fiscal española. En 1977 entró en vigor el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio y en 1978, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con lo que el impuesto sobre el trabajo se hizo extensible a todas las rentas.
La firma de los Pactos permitió una reducción de la conflictividad social y la aplicación de un modelo de relaciones laborales. Este nuevo marco fue posible gracias al reconocimiento de la libertad sindical, consagrada en la Constitución junto a otros derechos laborales como el de huelga o el de negociación colectiva.
Los empresarios se integraron en una gran organización patronal (CEOE), mientras los trabajadores realizaban las primeras elecciones sindicales en 1978, confirmándose como sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, junto a otro sindicato de carácter nacionalista ELA-STV en el País Vasco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario