La principal amenaza al sistema democrático provenía fundamentalmente de la pervivencia en el estamento militar de sectores hostiles al proceso democrático, que habían visto la legalización del Partido Comunista, el proceso autonómico, el terrorismo y la anunciada reforma del ejército como graves signos de alarma que justificaban su intervención. El 23 de febrero de 1981, mientras se estaba realizando en el Congreso de los Diputados la votación de investidura de Calvo Sotelo como sucesor de Suárez en la presidencia del gobierno, un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el hemiciclo, interrumpió la votación por la fuerza y retuvo a todos los diputados. Paralelamente, el capitán general Milans del Bosch se sublevaba en Valencia y sacaba los tanques a la calle para imponer un golpe de Estado militar que cambiase el rumbo de la política española.
El golpe era el resultado de una trama en la que estaban implicados algunos mandos de la Guardia Civil, altos jefes militares, como los generales Armada y Milans del Bosch, y algunos políticos involucionistas. Los objetivos de los golpistas eran confusos y seguramente no coincidentes, pero en todos ellos había una clara intención de paralizar el proceso democrático y otorgar al ejército un papel relevante en el gobierno que debía constituirse posteriormente.
La comparecencia del rey en televisión, la misma noche del 23 de febrero, descalificando a los sublevados y apoyando el régimen constitucional y democrático fue decisiva para abortar el golpe. El 27 de febrero multitudinarias manifestaciones en defensa de la democracia recorrieron las calles de las ciudades españolas.
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