El sistema franquista no pudo adaptarse a La etapa de crecimiento acelerado que se vivió en la década de los sesenta, y aunque fue globalmente positivo, no se produjo sin defectos. Algunos de de estos defectos se convertirían en amargos costes en cuanto cesara la expansión. El más importante de estos costes derivaba de los efectos que los caprichos políticos del Estado franquista impusieron sobre el proceso de crecimiento.
El Gobierno de Franco concedía vías privilegiadas de crédito a determinados sectores y empresas públicas y privadas, lo que provocó que la inversión industrial se distribuyera en función de los intereses políticos o particulares de los dirigentes de turno y no conforme a la rentabilidad o a las expectativas de futuro de cada sector. Y a comienzos de los años 1970, habían adquirido un peso excesivo actividades que nunca fueron rentables y que pronto devendrían insostenibles.
Entre 1970 y 1973, los precios subieron en España a un ritmo superior al 9% anual. Pero en 1973, la inflación de precios se tornó especialmente intensa y la entrada en el mundo occidental de la Crisis del Petróleo perjudicó enormemente al país. Los países productores se negaron a vender petróleo a los aliados de Israel en la guerra del Yom Kippur.
El barril de Arabia ligero (el de mayor consumo en España) pasó de 3 a 11,70 dólares entre octubre de 1973 y enero de 1974. Dos terceras partes del consumo energético español dependían de las importaciones de crudo. La factura a pagar aumentó en 2.500 millones de dólares, lo que significaba, por sí solo, un incremento del déficit comercial del 50%. Provocó que el uso del petróleo como fuente de energía dejara de ser económicamente viable. Esto deterioró mucho la relación real de intercambio en los países industrializados, surgiendo la denominada crisis de la energía.
El aumento en el precio de la energía provocó que las economías occidentales entraran en crisis. España se vio particularmente afectada debido a la situación política de entonces. El Gobierno de Franco ante las primeras fases de la crisis, lo que se hizo fue reducir los impuestos de los carburantes, para que el precio final no aumentase, a pesar del fuerte incremento que había experimentado el precio de compra en los mercados internacionales. Esta medida provocó un deterioro de la balanza de pagos.
Al mismo tiempo que los países europeos de nuestro entorno adoptaron de inmediato políticas de ajuste, transfiriendo los aumentos del precio del crudo a los consumidores y adoptando al tiempo medidas de control de la oferta monetaria. Esta medida provocó la contracción económica de dichos países y tuvo efectos sobre España: en términos reales, los ingresos procedentes del turismo descendieron más de un 30%, y las exportaciones, casi un 8%.
Tras la muerte de Franco (1975) y el inicio efectivo de la Transición causó una situación política todavía más delicada. En julio de 1976, cuando la dimisión forzada de Carlos Arias Navarro, acusado de haber tolerado terrorismo de Estado mientras fue presidente del Consejo de Ministros y de ordenar el espionaje sistemático de las conversaciones telefónicas de todos sus ministros, incluso las de Juan Carlos de Borbón, actual rey. Esta dimisión permitió el acceso de Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno. Se considera a esta persona como la figura más importante en la Transición Española, el proceso de cambio en el cual el régimen dictatorial del general Francisco Franco pasó a ser un sistema democrático. En este periodo de cambio la política monetaria fue laxa, la peseta se devaluó un 20%, la inflación interanual se acercaba al 20%, el déficit de la balanza exterior por cuenta corriente superaba los 4.000 millones de dólares y el déficit del Estado aumentaba.
Tras las primeras elecciones democráticas (1977) se pudieron adoptar de medidas económicas ante la recesión. Para retomar el equilibrio se exigía, poner fin al aumento de precios y salarios. El Estado, por otro lado, debía reducir el déficit público y así evitar que el endeudamiento alcanzara niveles insoportables. El ajuste económico se realizó mientras se desarrollaba el debate sobre la nueva Constitución democrática que habría de regir los destinos del país. Surgieron los Pactos de la Moncloa promovido por el Gobierno para conseguir una negociación multilateral en la que, además del propio Ejecutivo, participaron las fuerzas políticas con representación parlamentaria, los sindicatos y las entidades patronales. Dicho pactos se firmaron en octubre de 1977. Los elementos fundamentales del acuerdo fueron: un ajuste económico a corto plazo basado en una política monetaria restrictiva y la reducción del déficit público; y la introducción de algunas reformas como la modernización del sistema, la liberalización del sistema financiero, etc. (imprescindibles para integrar a España en la Comunidad Económica Europea)
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