Después de todo, España ya se podía considerar un país plenamente democrático y quería formar parte de la CEE (Comunidad Económica Europea) España tuvo que afrontar varios requisitos para poder ingresar en la CEE, como rectificar los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, firmó el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las libertades Fundamentales y subscribió la Carta social Europea; también le exigía una reestructuración en profundidad de su economía y su legislación para acelerarlas a los países comunitarios.
En 1977 se presentó la demanda de adhesión y el 1 de enero de 1986 entró en vigor el Tratado de Adhesión. Desde entonces, la transformación económica, social y política en España ha sido enorme, entre otros motivos por la enorme cantidad de fondos regionales y de cohesión que han acelerado el desarrollo de la mayor parte de las regiones españolas. España empezó a recuperar el comercio y experimentó una favorable evolución de los precios de las materias primas. Esto explica que las estrategias que tomó el Gobierno pretendieras estabilizar la economía española. Estas estrategias fueron:
- Luchar contra la inflación a través de una política restrictiva.
- Reducción del déficit público, tarea difícil debido a que al intentar apaliar los efectos de la crisis de los setenta, aumentaron los gastos de contenido social.
- Control de tipo de cambio.
A finales de la década, surgió una cuestión importante que generó un grave conflicto de ideas, como distribuir los frutos alcanzados a lo largo de la etapa expansiva. Este conflicto imposibilito la aplicación de una política de rentas(es la que busca moderar la tasa de crecimiento de los salarios monetarios y de otros ingresos monetarios con el objetivo de reducir la inflación) amplia y consensuadas que tuvo dos consecuencias muy negativas:
a) Una falta de moderación salarial.
b) La ralentización y paralización, en algunos casos, de las reformas estructurales en el mercado de trabajo.
Para evitar la inflación se utilizó una política monetarista. Para reducir las tensiones inflacionistas se pensó que controlar los agregados monetarios y la consiguiente elevación de los tipos de intereses eran la forma idónea de conseguirlo.
La política monetarista restrictiva más el moderado éxito en la contención del déficit público provocó una doble presión sobre los tipos de interés. La imperiosa necesidad de financiar la deuda pública contribuyó a elevar los tipos de interés y a reducir los recursos financieros disponibles para el sector privado, lo que incidió de forma negativa sobre el sector real de la economía y, en particular, sobre el sector productivo.
Un inconveniente de esta política y de la doble presión sobre los tipos de interés fue una apreciación artificial y perjudicial de la peseta. La pérdida de la competitividad a que la peseta se vio sometida debido a la citada revaloración artificial, se perdieron todos los logros alcanzados en el sector exterior con las devaluaciones de 1982 y 1987.
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