Las reformas republicanas
El nuevo gobierno emprendió, durante dos años, la tarea de reformar España en un punto de vista democrático, laico y descentralizado. Se pretendía dar solución a algunos de los graves problemas pendientes desde el siglo anterior, con el objetivo de modernizar la economía y la sociedad española.
La reforma militar
Esta reforma fue dirigida por Manuel Azaña. Al ejército se le consideraba atrasado tecnológicamente y con demasiados cargos con relación a la tropa.
Para ello el gobierno decretó una ley de retiros que posibilitó la jubilación de más de la mitad de los oficiales. Igualmente, se sometió el ejército al poder civil, se redujo el número de capitanías generales, se disolvió la Academia Militar de Zaragoza y se cambiaron aquellos mandos del ejército considerados contrarios a la República.
La reforma religiosa y educativa
Se intentó disminuir el peso de la Iglesia católica y su influencia en la educación. La nueva Constitución separó la Iglesia del Estado y, en consecuencia, se abolió el presupuesto de culto y clero, se prohibió la enseñanza a las órdenes religiosas y se disolvió la Compañía de Jesús. También se introdujeron el matrimonio y el entierro civiles y se elaboró una ley de divorcio.
El gobierno trató de promover una educación laica y el Estado asumió la responsabilidad de la escuela pública. De este modo, destinaron grandes inversiones a realizar construcciones escolares y a incrementar el número de profesores.
La reforma territorial
La Constitución abrió el camino a la descentralización del Estado ofreciendo la posibilidad de elaborar estatutos de autonomía y establecer gobiernos autónomos.
En Cataluña. el gobierno provisional de la Generalitat redactó un Estatuto de Autonomía que fue aprobado por las Cortes en 1932. En el País Vasco, se empezó la redacción de un estatuto, que fue aprobado en 1936. En Galicia, el inicio de la Guerra Civil frenó el proceso autonómico.
La reforma agraria
La República abordó el problema del latifundio. En algunas zonas de España, sobre todo en Andalucía y Extremadura, existían cientos de miles de jornaleros sin tierras y en una situación de extrema miseria, mientras que la propiedad se concentraba en manos de unos centenares de propietarios.
Una ley del gobierno, en 1932, decretó expropiables las grandes fincas que no se cultivaran y permitió distribuirlas entre los campesinos sin tierras. El Instituto de Reformas Agraria era la organismo encargado de indemnizar a los propietarios y de facilitar es asentamiento a las familias campesinas.
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